Un dato obtenido de la Justicia de Estados Unidos amenaza con convertirse en un serio problema para el diputado y actual presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert. De acuerdo con documentación incorporada en el juicio que se sigue en Texas contra la red de narcotráfico encabezada por el empresario argentino Antonio “Fred” Machado, Espert habría recibido un giro de USD 200.000 el 1° de febrero de 2020.
La denuncia será presentada en las próximas horas por el dirigente y abogado Juan Grabois, quien asegura que el legislador figura en los registros secretos de la organización bajo la categoría de “cómplice”. Machado, detenido desde 2021 y a la espera de su extradición a Estados Unidos, enfrenta cargos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero. Su exsocia, Debora Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión.
La relación entre Espert y Machado no es nueva. En 2019, el entonces candidato presidencial agradeció públicamente el apoyo de “Fred” en la presentación de su libro La Sociedad Cómplice en Viedma, la ciudad natal del empresario. Desde entonces, periodistas de investigación habían señalado conexiones económicas y políticas, aunque faltaban pruebas concretas sobre la ruta del dinero.
Según la acusación norteamericana, la red de Machado lavaba fondos del narcotráfico mediante la compra de aviones y el uso de empresas pantalla. Parte de esos recursos se desviaban hacia “aliados” o “cómplices”, entre los que ahora aparece mencionado Espert.
La denuncia también pone el foco en la evolución patrimonial del diputado: de acuerdo con sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, entre 2022 y 2024 pasó de $29,4 millones a $261,9 millones, un incremento del 789% en apenas dos ejercicios fiscales.
El periodista Sebastián Lacunza había revelado que Espert habría solicitado hasta USD 5 millones a Machado en un encuentro en 2019, mientras que Rodis Recalt documentó el uso de un jet privado matrícula N28M propiedad del empresario.
Machado permanece detenido con arresto domiciliario en Río Negro. Su abogado es Francisco Oneto, quien también representa al presidente Javier Milei en otra causa judicial.
