El presidente Javier Milei regresó este jueves al país luego de su viaje a Oslo, donde participó de la ceremonia en la que María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz, aunque finalmente no logró reunirse con la dirigente venezolana por incompatibilidades de agenda.
Minutos después de aterrizar en Aeroparque, Milei firmó el proyecto de reforma laboral que le entregó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa, que se terminó de redactar mientras el mandatario estaba en el exterior debido a sectores del texto que generaban controversia, ingresará al Congreso en las próximas horas para ser tratada en sesiones extraordinarias.
Cambios de último momento
El principal foco de discusión en la elaboración del proyecto estuvo puesto en las cuotas solidarias, un mecanismo que financia a los gremios a través de descuentos obligatorios aplicados a todos los trabajadores. La intención inicial del Gobierno era que este aporte quedara supeditado al consentimiento explícito del empleado.
Sin embargo, para evitar escaladas de conflicto con la cúpula sindical nucleada en la CGT, la Casa Rosada resolvió retirar ese punto del texto final. Aun así, se incorporó una aclaración clave: las cuotas de afiliación —hasta ahora retenidas automáticamente por las empresas— pasarán a ser optativas y requerirán la “conformidad expresa del trabajador” además de un acuerdo entre las partes.
La estrategia oficial en el Congreso
Con el objetivo de asegurar una rápida aprobación, el Gobierno designó a tres funcionarios como voceros técnicos del proyecto ante el Senado: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña; y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.
Los tres podrían ser citados por la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, cuya presidencia busca ocupar la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan) con el objetivo de garantizar el respaldo necesario no solo para la reforma laboral, sino también para el Presupuesto 2026 y la Ley de Glaciares.
