Bajo la premisa de que “el tango se baila de a dos”, el Gobierno nacional resignó artículos centrales de su proyecto de Reforma Laboral para asegurar los votos necesarios y habilitar el debate en el Senado, que comenzará este miércoles. La iniciativa es presentada por el oficialismo como el cambio más profundo en las relaciones laborales desde el retorno de la democracia.

Este martes, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, confirmó el cierre de un acuerdo político con la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales, lo que le permite al oficialismo llegar a la sesión con un piso de 41 votos confirmados, por encima de los 37 necesarios para aprobar la ley.

Concesiones para sumar apoyos

Para destrabar el tratamiento legislativo, el Ejecutivo introdujo modificaciones sustanciales en el texto original del proyecto, atendiendo demandas de gobernadores, bloques aliados y la CGT.

Pacto fiscal:
Se eliminó la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que implica un alivio de aproximadamente 2 billones de pesos para las provincias, que habían expresado su rechazo por el impacto en sus recursos fiscales.

Caja sindical:
En un gesto hacia la central obrera, se mantendrá durante dos años el aporte solidario con un tope del 2% y no se modificarán los aportes destinados a las obras sociales sindicales, que se mantienen en el 6%.

Sector financiero:
Los bancos conservarán la exclusividad en el pago de salarios. El Gobierno dio marcha atrás con la habilitación de billeteras virtuales para esta función, al argumentar asimetrías regulatorias entre bancos y fintech.

Cambios en el sistema laboral

Bullrich ratificó que la ley busca unificar criterios bajo la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), lo que implica la derogación de regímenes especiales como el Estatuto del Periodista, entre otros. No obstante, se estableció un plazo de seis meses para que los sectores involucrados negocien nuevos convenios colectivos.

Uno de los puntos más innovadores del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según el Título II de la iniciativa, los empleadores deberán realizar una contribución mensual obligatoria de entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial, en función del tamaño de la empresa.

El FAL funcionará como un seguro de desempleo de capitalización individual, que las empresas podrán elegir como alternativa al esquema tradicional de indemnización por antigüedad previsto en el artículo 245 de la LCT. De este modo, ante un despido o retiro, el trabajador cobraría de su cuenta individual, sin que la empresa deba afrontar un pago elevado en un solo desembolso.

Definiciones políticas

Si bien el oficialismo llega con un número holgado de votos, el foco estará puesto en las posiciones finales de senadores clave, como representantes de Santa Cruz y la cordobesa Alejandra Vigo, que aún no definieron su postura en este febrero de 2026.

El debate promete ser uno de los más intensos del año legislativo, con impacto directo en el mercado laboral, el financiamiento sindical y la estructura de costos empresariales.