Sábado, 06 de junio
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Situación judicial crítica para una joven argentina en Brasil tras una denuncia por injuria racial

Agostina Páez permanece en Río de Janeiro con restricciones judiciales mientras su defensa cuestiona la medida

Agostina Páez atraviesa un momento de extrema angustia en Brasil luego de que el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro avanzara con una denuncia formal y solicitara su prisión preventiva. La joven abogada argentina, de 29 años, se comunicó con su abogado defensor, Sebastián Robles, visiblemente afectada y entre lágrimas.

Desde su entorno señalaron que Páez se encuentra “muy preocupada y triste”, y consideran que la imputación por injuria racial implica una sanción anticipada. En diálogo con Diario Perfil, su abogado calificó la medida judicial como “desproporcionada y arbitraria”.

Actualmente, la joven permanece alojada en una vivienda bajo monitoreo con tobillera electrónica, con el pasaporte retenido y prohibición de salir del país. La causa se originó tras un episodio ocurrido el pasado 14 de enero, a la salida de un boliche, donde cámaras de seguridad registraron gestos y sonidos comparables a los de un mono que habrían estado dirigidos a empleados del local.

Según consta en el expediente, Páez acusó a trabajadores del establecimiento de haberle realizado cobros indebidos y gestos obscenos durante la noche. Este miércoles, el Ministerio Público sumó nuevas actuaciones basadas en declaraciones de los empleados, testimonios de terceros y las imágenes de las cámaras incorporadas a la causa.

Tras la difusión pública del avance judicial, la defensa confirmó que se encuentra tramitando un habeas corpus para que la joven pueda regresar a la Argentina y continuar el proceso desde su domicilio.

“Hasta el momento no tuvimos respuesta de la Justicia brasileña. Por eso, de manera paralela, presentamos una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se dicten medidas cautelares”, explicó Robles.

El abogado también remarcó que no existen antecedentes condenatorios en casos similares en Brasil, aunque reconoció que se trata de una figura penal grave que puede derivar en un proceso prolongado. “No hay garantías claras y estamos evaluando la intervención jurídica ante lo que consideramos una violación del principio de inocencia”, concluyó.

Lali Be

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