El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que impulsa la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), resolvió convocar a un Paro General con movilización para el mismo día en que la Cámara de Senadores retome el tratamiento de la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional.

La decisión fue adoptada durante un encuentro realizado en el Hotel Héctor Quagliaro, donde participaron representantes sindicales de distintos sectores del Estado, junto a jubilados, abogados laboralistas y referentes académicos. Allí se coincidió en la necesidad de intensificar las medidas de fuerza frente a lo que consideran un avance sobre los derechos laborales.

“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

En ese marco, el dirigente también apuntó contra el rol de los gobiernos provinciales en el debate legislativo. En referencia a las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con mandatarios provinciales, Aguiar afirmó: “Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”.

El titular de ATE endureció el tono al advertir sobre el impacto institucional del proyecto: “Frente a este escenario, tenemos el deber de estar en la calle, de protestar. No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución, que es la ley fundamental de nuestra convivencia democrática. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, concluyó.

Según informaron los organizadores, la medida de fuerza cuenta con el respaldo de gremios de justicia, salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, bancarios jerárquicos, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otros. El objetivo central del paro es rechazar la reforma laboral y ejercer presión sobre los senadores y los gobiernos provinciales, considerados actores clave para la aprobación del paquete legislativo.