El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. La medida fue formalizada este lunes mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece una agenda legislativa limitada, en la que la reforma laboral ocupa un lugar central.

La decisión del Ejecutivo alcanza tanto a la Cámara de Diputados como al Senado y se apoya en las atribuciones previstas en los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, que habilitan al Poder Ejecutivo a convocar al Parlamento fuera del período ordinario de sesiones.

De acuerdo al texto oficial, durante este período solo podrán tratarse los proyectos incluidos de manera expresa en el anexo del decreto, que forma parte integral de la norma. Cualquier intento de ampliar el temario deberá contar con una nueva convocatoria presidencial.

Entre las iniciativas habilitadas, se destaca el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, una de las principales apuestas económicas del Gobierno de Javier Milei. La propuesta busca introducir modificaciones estructurales en el mercado de trabajo y es considerada prioritaria dentro del programa libertario.

El listado de temas también contempla la designación de Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, conforme a lo establecido por la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.

El llamado a sesiones extraordinarias representa una jugada política clave para el Ejecutivo, ya que le permite fijar con precisión los temas a debatir y limitar el tratamiento parlamentario exclusivamente a los asuntos definidos por el Gobierno, dejando fuera cualquier otro proyecto.

La convocatoria se enmarca en una estrategia legislativa más amplia del oficialismo, que ya utilizó instancias extraordinarias durante el receso para avanzar con proyectos considerados prioritarios. En este contexto, la reforma laboral se consolida como el eje político del período, con el objetivo de impulsar cambios de fondo antes del inicio formal del año legislativo.

Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar su control sobre los tiempos y las prioridades del debate parlamentario en una etapa clave de su agenda política y económica.