El Gobierno nacional envió al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual se introducen modificaciones a la Ley de Inteligencia y se amplían las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La remisión se concretó una vez cumplido el plazo reglamentario de diez días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial.

A partir de ahora, la iniciativa será evaluada por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que dispone de otros diez días hábiles para expedirse y emitir un dictamen sobre la validez del decreto. En caso de que ese plazo se cumpla sin una resolución, tanto la Cámara de Diputados como el Senado quedarán habilitados para tratar el DNU de manera directa en el recinto.

Entre los cambios introducidos, el decreto redefine y amplía las tareas de contrainteligencia, que pasan a incluir la prevención de acciones de infiltración, espionaje, fuga de información clasificada, sabotaje y atentados contra el orden constitucional. También incorpora la detección de intentos de influencia, injerencia o interferencia de actores externos que puedan afectar el proceso de toma de decisiones de las autoridades del sistema republicano.

Desde el Poder Ejecutivo defendieron la medida al señalar que estas funciones resultan clave para proteger el funcionamiento del Estado y resguardar la seguridad institucional frente a amenazas internas y externas.

Además, el texto establece en su artículo segundo que todas las actividades desarrolladas en el marco de la Inteligencia Nacional tendrán carácter encubierto, debido a su sensibilidad y con el objetivo de reducir el denominado “Riesgo Estratégico Nacional”. En ese sentido, se define la investigación de inteligencia como el conjunto de tareas y procedimientos destinados a identificar actores y acciones vinculadas a actividades de interés para el sistema de inteligencia del país.