Sobre el cierre de la primera quincena de enero, el Gobierno nacional comenzó a reactivar de manera gradual su agenda política, con especial atención en el frente legislativo. En ese marco, el oficialismo evalúa demorar el tratamiento de la reforma del Código Penal para enfocar todas las negociaciones en la sanción de la Reforma Laboral durante febrero, de acuerdo a fuentes cercanas al Ejecutivo.

Aunque la decisión final dependerá del presidente Javier Milei, dentro del espacio libertario crece la idea de trasladar el debate penal al período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo. La estrategia responde a una lógica similar a la aplicada a fines del año pasado, cuando el Gobierno optó por ordenar prioridades legislativas para facilitar acuerdos clave, como ocurrió con el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

La mesa política del oficialismo, que volverá a reunirse este viernes tras el receso, definirá una hoja de ruta común con un objetivo central para el verano: reunir los consensos necesarios para avanzar con la Reforma Laboral, considerada uno de los ejes fundamentales de la segunda etapa de la gestión de Milei.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma del Código Penal —un proyecto de gran envergadura que endurece penas para delitos graves— requiere un tratamiento profundo y ordenado, algo que consideran más viable durante las sesiones ordinarias. Además, el temario de las extraordinarias ya es extenso, lo que llevó a analizar la conveniencia de no sumar nuevas iniciativas complejas. “No se puede tratar todo al mismo tiempo”, admiten en el entorno presidencial.

Si bien en un comienzo existía la intención de discutir el proyecto penal durante las extraordinarias, la posibilidad de postergarlo gana terreno. Hasta el momento, la iniciativa aún no fue enviada al Congreso. El texto, que supera los 900 artículos, apunta a reforzar la política criminal, brindar mayores herramientas a la Justicia y garantizar el cumplimiento efectivo de las penas.

La reforma fue elaborada por un amplio equipo que incluye al asesor presidencial Santiago Caputo, al viceministro de Justicia Sebastián Amerio y a referentes de los ministerios de Justicia y Seguridad, con la participación destacada de Patricia Bullrich, quien defendió públicamente el proyecto en distintas instancias.

Mientras tanto, el Gobierno instruyó a su equipo político a concentrarse en la negociación parlamentaria para asegurar los votos necesarios que permitan avanzar con la Reforma Laboral. La coordinación estará a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a dirigentes clave en el diálogo con el Congreso y las provincias.

De concretarse esta estrategia, la reforma del Código Penal no formaría parte del temario de las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo evalúa prorrogar a partir de febrero, quedando su debate para más adelante. En Balcarce 50, no obstante, insisten en que la iniciativa sigue siendo prioritaria y una de las reformas estructurales más importantes impulsadas por la gestión libertaria.