La feria judicial de enero no implicará una pausa en las investigaciones más sensibles que rodean a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Por el contrario, los juzgados que intervienen en las distintas causas continuarán trabajando durante el receso, con decisiones relevantes previstas para las próximas semanas.

En lo inmediato, el juez en lo penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Aguinsky, deberá resolver si cita a declarar como testigos a dos pilotos de helicóptero ya identificados, quienes habrían aterrizado en reiteradas oportunidades en el helipuerto de una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. El inmueble fue valuado por peritos oficiales en 17 millones de dólares, cifra que asciende a cerca de 20 millones si se suman los 54 vehículos de alta gama encontrados en un galpón del predio, tasados en más de 3,8 millones de dólares.

Los investigadores sospechan que tanto la propiedad como los bienes hallados pertenecerían en realidad a altos dirigentes de la AFA y no a quienes figuran formalmente como dueños: un monotributista y su madre jubilada. En la escritura de compraventa, sin embargo, se consignó una operación por apenas 1,8 millones de dólares, una diferencia que alimenta las sospechas sobre una posible maniobra de ocultamiento patrimonial.

En relación con el exclusivo helipuerto del lugar, valuado en 85.000 dólares, la Justicia busca determinar quiénes fueron los pasajeros transportados, ya que no se encontraron registros de vuelos. Cuando sean citados, los pilotos deberán declarar bajo juramento para intentar identificar a los verdaderos propietarios del inmueble.

La defensa de Luciano Pantano —uno de los titulares visibles de la sociedad Real Central SRL— y de su madre había sido citada para explicar el origen de los fondos utilizados para adquirir y mantener los bienes, pero el trámite se vio frustrado por un planteo de último momento. Los abogados solicitaron el pase de la causa al fuero federal de Campana, al argumentar que la propiedad investigada y otras viviendas bajo sospecha se encuentran en esa jurisdicción.

Este conflicto de competencia abre un nuevo frente judicial durante el verano. El juez Aguinsky deberá responder al magistrado de Campana, Adrián González Charvay, quien aceptó el pedido de la defensa y reclamó el envío del expediente. Si el juez porteño rechaza inhibirse, la disputa será resuelta por un tribunal de apelaciones. En ese escenario, el fiscal Claudio Navas Rial ya adelantó que se opondrá al traspaso, al considerar que las pruebas reunidas consolidan la competencia del juzgado penal económico porteño.

Para los investigadores, el inmueble de Pilar sería el resultado de una compleja maniobra vinculada a delitos económicos de mayor alcance. La evidencia acumulada —que ya supera las 3.800 páginas— fue resguardada tras un allanamiento previo ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, quien dispuso el secuestro de bienes, custodia policial y peritajes oficiales.

En paralelo, Navas Rial también impulsa la investigación por una presunta evasión millonaria de aportes e impuestos por parte de la AFA, denunciada por ARCA. No se descarta que ambos expedientes estén conectados. En ese marco, el juez en lo penal económico Diego Amarante habilitó la feria judicial, ordenó levantar el secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la AFA y de su comisión directiva, y profundizó la pesquisa por una presunta evasión y apropiación indebida de retenciones por más de 19.300 millones de pesos.

La causa se originó en una denuncia del organismo recaudador y en un dictamen fiscal que remarcó la complejidad del caso, tanto por la cantidad de períodos fiscales involucrados como por el volumen del dinero que habría sido retenido y no depositado en los plazos legales. Según el expediente, se investigan incumplimientos vinculados al IVA, al Impuesto a las Ganancias y a contribuciones a la seguridad social entre 2024 y 2025.

Para el juez Amarante, la reiteración de las irregularidades y la magnitud de los montos justifican avanzar con medidas de fondo aun durante el receso judicial. En ese contexto, los integrantes de la comisión directiva de la AFA ya fueron imputados.

La actividad judicial durante la feria también se extiende a Lomas de Zamora. Allí, el juez federal Luis Armella habilitó el receso y citó para el 19 de enero al empresario Javier Faroni, titular de la firma contratada para administrar los contratos internacionales de la AFA. También deberá presentarse su esposa, Erica Gillette, quien figura al frente de TourProdEnter LLC. En esta causa se investiga la administración de unos 260 millones de dólares en el exterior y el presunto desvío de al menos 42 millones hacia empresas consideradas fantasma.

Además, avanzan las medidas vinculadas a Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, relacionada con la AFA y con contratos de sponsoreo y préstamos a clubes de fútbol. La firma ya es investigada en distintas jurisdicciones por presunto encubrimiento agravado, maniobras financieras irregulares y movimientos millonarios a través de billeteras virtuales, con operaciones que superarían los 818.000 millones de pesos.

Lejos de detenerse, la feria judicial de enero se perfila como un período de intensa actividad en causas que podrían tener fuerte impacto institucional y político en el mundo del fútbol argentino.