El Gobierno de Mendoza puso en vigencia una nueva legislación que refuerza la prevención y el abordaje del bullying en el ámbito escolar, y que incorpora la responsabilidad directa de las familias en los casos de acoso protagonizados por estudiantes menores de edad.

La medida quedó formalizada mediante la Ley N°9682, sancionada por la Legislatura provincial y publicada en el Boletín Oficial, que introduce modificaciones al Código de Contravenciones de Mendoza. A partir de esta norma, padres, madres o tutores podrán ser sancionados si, tras ser debidamente notificados por la institución educativa, no adoptan medidas para frenar conductas de acoso escolar.

El nuevo artículo 100 bis establece que los adultos responsables que incumplan el deber de orientación, diálogo, vigilancia o cuidado, o que no actúen para evitar la reiteración del daño, podrán recibir multas de entre 1.500 y 3.000 Unidades Fijas. Como alternativa, la Justicia podrá disponer la realización de tareas educativas o comunitarias por un plazo de hasta 30 días.

La ley también define el destino de los fondos recaudados. El dinero proveniente de las multas será asignado al Fondo Provincial para la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar, que funciona en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, y al fortalecimiento de Bibliotecas Populares en toda la provincia.

En cuanto al procedimiento, la norma ratifica que la escuela continúa siendo la primera instancia de intervención. Las autoridades educativas deberán aplicar el protocolo vigente y dejar constancia de las acciones realizadas. Solo en los casos en que esa etapa fracase —por inasistencia, incumplimientos o falta de cooperación de los adultos responsables— la situación será elevada al Juzgado Contravencional correspondiente, que determinará la sanción.

La legislación también contempla excepciones. Quedan excluidos de responsabilidad quienes tengan suspendida o privada la responsabilidad parental, quienes no ejerzan el cuidado personal por decisión judicial o aquellos alcanzados por medidas de restricción que les impidan intervenir en la crianza.

Con esta ley, el Gobierno mendocino busca reforzar el rol de las familias y consolidar un enfoque integral para prevenir y abordar el acoso escolar, priorizando la protección de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo.