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El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias y definió una agenda clave para cerrar el 2025
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo llamó al Congreso a sesionar del 10 al 30 de diciembre
El Gobierno nacional oficializó en la madrugada de este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre. La decisión quedó plasmada en el decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, donde además se detalló el listado de temas que deberán tratarse antes de fin de año.
Según lo dispuesto, el Congreso volverá al centro del escenario político con una agenda marcada por iniciativas consideradas prioritarias por el Ejecutivo para el próximo año. Entre los proyectos destacados figuran el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas que el oficialismo busca debatir y dictaminar con celeridad durante estas sesiones especiales.
El temario también incluye el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, además de la actualización del régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar. Estas discusiones se darán en simultáneo con el proceso de reorganización de comisiones legislativas que está llevando adelante Martín Menem, entre ellas la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda, que continuará bajo la conducción del libertario Bertie Benegas Lynch.
Cabe recordar que el dictamen de mayoría sobre el Presupuesto 2026, aprobado a principios de noviembre en Diputados, perdió estado parlamentario al finalizar el período ordinario. Por eso, será necesario emitir un nuevo despacho para habilitar su llegada al recinto.
En cuanto a la reforma laboral, aún no se difundieron detalles precisos. No obstante, trascendió que la intención del Gobierno es flexibilizar el mercado, reducir costos laborales y disminuir cargas patronales para fomentar la creación de empleo registrado.
Respecto a la reforma del Código Penal, el proyecto apunta —según adelantaron fuentes oficiales— a endurecer penas, limitar excarcelaciones y establecer la imprescriptibilidad de delitos vinculados a corrupción y hechos contra menores, entre otros cambios relevantes.
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