Este Jueves 6 de noviembre comienza el juicio oral de la “Causa Cuadernos”, considerada una de las investigaciones por corrupción más trascendentes de las últimas décadas en la Argentina. Entre los 87 acusados figuran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 21 ex funcionarios y decenas de empresarios de la obra pública.

La causa se originó en 2018, cuando el periodista de La Nación, Diego Cabot, entregó a la Justicia los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en los que registraba presuntos traslados de bolsos con dinero desde empresas contratistas del Estado hacia despachos oficiales del Ministerio de Planificación.

El expediente fue impulsado por el fallecido juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, y surgió como un desprendimiento de otra causa vinculada a irregularidades en la compra de gas natural licuado.

Entre los ex funcionarios que serán juzgados se encuentran Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, José López, Juan Pablo Schiavi y Juan Manuel Abal Medina, además de asesores y choferes vinculados al Ministerio de Planificación.

Del lado empresario, la lista incluye a algunos de los nombres más destacados del sector de la construcción, como Ángelo Calcaterra (IECSA), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Gabriel Romero (Hidrovía SA), Carlos Wagner (ESUCO), Cristóbal López, Fabián y Osvaldo De Sousa (Grupo Indalo), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y Rudy Ulloa.

A Fernández de Kirchner se la acusa de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro sistemático de coimas, y también de ser coautora de delitos de cohecho. Para los organizadores, la pena prevista por el Código Penal va de 5 a 10 años de prisión, mientras que para los miembros de la organización o partícipes, de 3 a 6 años.

Durante la instrucción, 21 imputados firmaron acuerdos de colaboración en el marco de la “ley del arrepentido”. Entre ellos figuran Centeno, José López, Claudio Uberti, y empresarios como Clarens, Wagner, Roggio, Calcaterra y Pescarmona.

En tanto, 47 empresarios y 4 ex funcionarios ofrecieron realizar una “reparación integral” —una compensación económica para extinguir la acción penal—, pero el Tribunal Oral Federal N°7 rechazó las propuestas, acompañando el dictamen de la fiscal Fabiana León, quien sostuvo: “En esta fiscalía no se vende impunidad”.

La ex presidenta, que ya cuenta con una condena firme a seis años de prisión en la causa Vialidad, enfrentará nuevamente a la Justicia en un proceso que promete tener un fuerte impacto político e institucional.