En los tribunales se sientan hoy la madre biológica, la pareja que recibió a la niña y funcionarios que actuaron en la causa. La Corte Interamericana ya había condenado al Estado argentino por la entrega irregular en 2000; ahora la justicia oral deberá definir responsabilidades penales.

Victoria, Entre Ríos — Después de más de dos décadas de reclamos, audiencias y recursos en tribunales nacionales e internacionales, comenzó esta semana el juicio oral por la causa conocida como Fornerón e hija, que investiga la entrega y posterior adopción de una niña nacida en la ciudad de Victoria en junio de 2000.

La investigación incluye a la madre biológica (de apellido Enríquez), al matrimonio Bassi Zucchi —quienes recibieron a la niña en guarda con fines de adopción—, al entonces juez civil que intervino en la causa y ordenó la guarda y posterior adopción, así como a un abogado y a presuntos intermediarios que habrían participado de la operación. Todos ellos llegaron a estar imputados por distintos delitos vinculados con la sustracción y la entrega irregular de un menor.

El caso Fornerón tomó relieve internacional cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado argentino incumplió obligaciones internacionales por las demoras y las irregularidades en el procedimiento, y exhortó al país a adoptar medidas, reparar y profundizar las investigaciones. Esa sentencia también impulsó debates y proyectos en el Congreso para tipificar penalmente la venta de menores, figura que hasta entonces no estaba explícita en el Código Penal.

Para Leonardo Fornerón la apertura del juicio representa el cierre de un largo camino de denuncias y apelaciones: desde los primeros intentos de recuperar la filiación y el vínculo, pasando por recursos ante tribunales provinciales y federales, hasta la presentación ante instancias internacionales. Sus abogados sostienen que la prueba genética acreditó la paternidad y reclaman que la justicia determine las responsabilidades penales de todos los involucrados.

Durante la jornada de inicio del proceso oral, las partes procesales solicitaron la producción de testimonios y peritajes que, según la defensa de Fornerón, serán determinantes para probar la existencia de maniobras irregulares en la entrega y la adopción. Las fuentes judiciales indican que el desarrollo del juicio podría aportar nuevas pruebas sobre la actuación de profesionales y funcionarios que intervinieron en el expediente de Victoria.

El fallo y la trayectoria del caso ya dejaron huellas institucionales: abogados y especialistas en derecho de familia sostienen que el expediente evidencia vacíos normativos y procedimientos que deben corregirse para evitar que se repitan entregas y adopciones irregulares. En ese sentido, la atención pública sobre el juicio abre la puerta a un debate político y legal sobre reformas pendientes.