El Gobierno nacional reglamentó las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, pero postergó su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento correspondientes. Las normas —Ley 27.795 y Ley 27.796— habían sido aprobadas por amplia mayoría en ambas cámaras y promulgadas tras el veto del presidente Javier Milei.

A través de los decretos 759 y 760, publicados este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo invocó los artículos 38 de la Ley de Administración Financiera (24.156) y 5° de la Ley 24.629, que establecen que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar su fuente de recursos, y que su ejecución quedará suspendida hasta que las partidas sean incluidas en el Presupuesto Nacional.

Según el Gobierno, la puesta en marcha de estas normas tendría un impacto fiscal considerable: más de un billón de pesos en el caso del financiamiento universitario, y 196 mil millones de pesos para la denominada Ley Garrahan, que busca fortalecer la atención pediátrica en todo el país.

El Ejecutivo argumentó que “ambas leyes incrementan de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventarlo”, y que su implementación podría “generar un desequilibrio fiscal que mine la estabilidad macroeconómica, afectando especialmente a los sectores más vulnerables”.

Por ello, el Gobierno decidió promulgar las leyes, pero suspender su ejecución “hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional”.

No es la primera vez que la Casa Rosada recurre a esta estrategia: semanas atrás aplicó el mismo criterio para aplazar la Ley de Emergencia en Discapacidad, también aprobada pese al veto del mandatario.