La salida de José Luis Espert de La Libertad Avanza reabrió el debate sobre la validez de las boletas ya impresas. Rehacerlas podría costar unos 12 millones de dólares y comprometer los tiempos para las elecciones del 26 de octubre.

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires generó un nuevo foco de tensión política y logística. Ahora, la Justicia Electoral, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, deberá definir si corresponde reimprimir las boletas con Diego Santilli como nuevo primer candidato.

El cambio podría implicar un gasto cercano a 12 millones de dólares, en un contexto de fuerte ajuste y con los comicios del 26 de octubre cada vez más cerca. El debate se centra en si es necesario volver a imprimir todas las boletas o solo las que aún no fueron producidas.

La Dirección Nacional Electoral es responsable del proceso de impresión, pero la decisión final dependerá del tribunal. Desde el Gobierno aseguran que una reimpresión total es necesaria para “garantizar la transparencia y la voluntad del votante”, mientras que fuentes judiciales advierten que el proceso técnico —que incluye audiencias, aprobación de nuevas fotografías y revisión final— podría no completarse a tiempo.

En paralelo, se prevé la reimpresión de los afiches informativos que se exhiben en los establecimientos educativos, donde figura la lista completa de candidatos.

La renuncia de Espert se da en medio de un escándalo por sus supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, hecho que modificó la nómina de La Libertad Avanza a menos de tres semanas de las elecciones.

Con la salida del economista liberal, Diego Santilli, actual diputado del PRO, pasará a encabezar la lista, seguido por la periodista Karen Reichardt, en cumplimiento del decreto 171/2019, que regula la paridad de género en las candidaturas.

Mientras tanto, los apoderados de Fuerza Patria anticiparon que podrían presentar un reclamo ante la Junta Electoral para evitar la reimpresión y reducir el gasto.

El caso expone nuevamente la tensión entre lo político y lo administrativo en plena recta final hacia los comicios bonaerenses.