Un tribunal dictó una pena de dos años de prisión en suspenso para un acusado de grooming. La decisión generó reacciones sobre la proporcionalidad de las sanciones y la necesidad de reforzar la protección de la infancia.

Este lunes se conoció un fallo judicial en el que un acusado de grooming fue condenado a dos años de prisión en suspenso. El caso volvió a poner en discusión el modo en que la justicia aborda los delitos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

El grooming es un delito que consiste en el acoso, manipulación o contacto con fines sexuales hacia menores de edad a través de medios electrónicos o redes sociales, y está tipificado en el Código Penal argentino.

Tras la sentencia, diferentes organizaciones y sectores sociales expresaron preocupación por la escasa pena aplicada, al considerar que no refleja la magnitud del daño que provoca este tipo de conductas. En ese sentido, plantean que fallos de este tipo envían un mensaje de tolerancia frente a situaciones de abuso.

A la par, especialistas remarcan la importancia de profundizar las políticas públicas de prevención y concientización, así como de garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas en el proceso judicial.

La discusión en torno al fallo se suma a un debate más amplio sobre cómo fortalecer las herramientas legales y sociales para la protección integral de la infancia en el país.