El juez federal Julián Ercolini responsabilizó a los exfuncionarios judiciales por irregularidades cometidas en la escena del crimen del fiscal, ocurrido en enero de 2015. El fiscal Eduardo Taiano los acusa de haber entorpecido la investigación desde el primer momento.

A más de diez años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la causa judicial sumó un giro trascendental. El juez federal Julián Ercolini imputó a la exfiscal Viviana Fein y al juez Manuel De Campos por su actuación en las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo, ocurrido en enero de 2015.

La acusación, impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, sostiene que ambos funcionarios permitieron un procedimiento cargado de irregularidades, que comprometió la recolección de pruebas y alteró la escena del crimen. Según la investigación, en menos de diez horas ingresaron al departamento de Puerto Madero 88 personas, entre funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad, técnicos y políticos.

La falta de control fue tal que no se hallaron huellas del propio Nisman en su vivienda, pero sí rastros de un prefecto encargado de preservar el lugar. Para Taiano, la “desidia” de los magistrados impactó directamente en la posibilidad de esclarecer el hecho.

El escenario fue descrito por peritos forenses como caótico, “una manada de búfalos”, mientras que testigos relataron que vecinos y visitantes circularon libremente por el edificio incluso después del hallazgo del cuerpo. La cadena de custodia quedó rota desde el inicio y varias evidencias clave fueron contaminadas o eliminadas.

Con estas imputaciones, la investigación abre un nuevo eje en torno al rol de los servicios de inteligencia del Ejército, entonces bajo el mando del general César Milani. La Justicia apunta a más de 90 oficiales y agentes civiles vinculados al área, en busca de maniobras de encubrimiento o interferencia.

La revisión de comunicaciones, movimientos y registros de ingreso al edificio es parte de la reconstrucción de las horas posteriores al crimen. La hipótesis de que Nisman fue asesinado sigue siendo el eje de la causa, ahora con foco en las responsabilidades de quienes debían garantizar transparencia y terminaron enturbiando el proceso.