Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, solicitó suspender la medida que ordena el embargo de su patrimonio y cuestionó el cálculo del monto reclamado.

A menos de 24 horas de que venza el plazo para pagar el decomiso de $684.000 millones, Cristina Fernández de Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes en el marco de la causa “Vialidad”. La presentación fue realizada este martes junto a sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

El tribunal había fijado como fecha límite mañana a las 9:30 para que los condenados por corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz depositen en una cuenta judicial el monto total, equivalente a unos 537 millones de dólares.

En el escrito, la ex mandataria respondió a la intimación judicial que ordenaba el pago “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes” y planteó la nulidad absoluta de la sentencia que determinó el decomiso.

En paralelo, los abogados defensores interpusieron un recurso de casación ante los jueces Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, cuestionando tanto el monto del perjuicio al Estado como el accionar de los fiscales. Además, defendieron la legitimidad del patrimonio de la ex presidenta.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, responsables de la condena, sostuvieron que el decomiso corresponde a “la determinación fehaciente del daño producido al erario público”, considerado el provecho de un hecho grave de corrupción.

La causa “Vialidad” estableció que entre 2003 y 2015 se registraron irregularidades en la concesión de obras viales al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Además de Báez, fueron condenados el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.