La Legislatura de Mendoza busca aprobar dos proyectos de ley que habilitan sanciones económicas directas a funcionarios públicos por incumplimientos en sus deberes.

Ambas propuestas, presentadas por el senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti y que cuentan con media sanción de la Cámara Alta por unanimidad, están enfocadas en combatir la demora injustificada o el silencio de los organismos públicos frente a peticiones formales de la ciudadanía.

Los proyectos ya cuentan con media sanción y buscan reducir la impunidad en la función pública. La primera iniciativa propone una modificación al Código Procesal Administrativo (Ley 3918), mediante la incorporación de un artículo 38 bis. Este artículo establece que, en casos de admisión formal de acciones judiciales por “denegación tácita” -es decir, cuando un organismo público no responde a un pedido dentro del plazo legal-, los tribunales deberán identificar al funcionario responsable de la falta y solicitar a la autoridad administrativa competente que le imponga una sanción disciplinaria.

El segundo proyecto propone una reforma al artículo 219 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Ley 9001). En este caso, se plantea que, en casos de sentencia favorable en un amparo por mora, las costas del proceso sean asumidas solidariamente por el Estado y el funcionario responsable de la demora.