El pasado 7 de diciembre por la mañana, en la comunidad de las Peñas, municipio de Jamundí, al sureste de Colombia, detonó una moto- bomba cargada de explosivos en un puesto de control policial, dejando un saldo de un muerto y 14 heridos, entre civiles y agentes. El conductor falleció “en el lugar de los hechos”, según las palabras de Carlos Oviedo, comandante de la policía local. 

El general Antonio Beltrán Díaz informó que el ataque fue perpetrado por una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que controlan zonas rurales donde abunda la minería ilegal y el narcotráfico, el mayor productor mundial de cocaína. 

El Ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró mediante su cuenta de X que “Ante ataque terrorista en instalación militar en Granada, Meta, responderemos con contundencia y capturaremos a los responsables. La muerte de un soldado nos duele. Colombia entera debe respaldar a la Fuerza Pública”.

El jefe de policía pidió a la comunidad entregar cualquier tipo de información a cambio de una recompensa de 100 millones de pesos colombianos (más de 22 mil dólares) para evitar “hechos terroristas”.