La concejal Betina Zabala reclamó explicaciones sobre el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. Maquinaria, controles ambientales, recolección diferenciada, comercialización de reciclables y contratación de un ingeniero ambiental forman parte de las consultas dirigidas al Ejecutivo municipal.

La situación del basural municipal volvió al centro del debate político en Victoria. Durante la sesión del Concejo Deliberante de este jueves, la concejal Betina Zabala presentó un pedido de informes para conocer el estado actual de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y determinar qué medidas se llevaron adelante frente a las preocupaciones ambientales planteadas aproximadamente un año atrás. La edil recordó que entonces se había aprobado una resolución solicitando determinadas acciones y ahora busca conocer qué resultados tuvieron.

Entre los puntos consultados figuran el estado de la maquinaria utilizada en el predio, particularmente la topadora, la prensa y la chipeadora. Zabala mencionó que durante 2026 se publicaron decretos municipales para reparar la topadora, en los que incluso se advertía que no existía otra máquina disponible para reemplazarla. También pidió conocer si hubo inspecciones provinciales, si se realizaron análisis de los lixiviados y del agua del arroyo El Ceibo, y cuáles son las condiciones actuales de funcionamiento de las instalaciones.

Otro eje del planteo está relacionado con la recolección diferenciada, implementada progresivamente durante 2026. El municipio anunció oficialmente en septiembre un esquema para separar residuos secos y limpios, recolectados lunes, miércoles y viernes, y húmedos y orgánicos, los martes, jueves y sábados. Zabala solicitó precisiones sobre los cambios realizados durante los primeros meses, el tratamiento que reciben los residuos que llegan sin separar y qué destino tienen los materiales recuperados. 

La concejal también reclamó información sobre la comercialización de los materiales reciclables, el cumplimiento de la normativa municipal que regula su venta y el ingreso de esos recursos a una cuenta especial. En ese sentido, pidió conocer cuánto dinero se recaudó, cuál fue su destino y qué fondos se utilizaron para el mantenimiento de la planta. Además, solicitó detalles sobre las tareas, la frecuencia de trabajo, los informes presentados y los pagos realizados al ingeniero ambiental de Paraná, Emmanuel Main, contratado desde el inicio de la actual gestión, según señaló durante su intervención.

Zabala sostuvo que el Concejo no tuvo oportunidad de acceder a los informes elaborados por el profesional y manifestó su expectativa de que el Ejecutivo responda antes de que se cumplan los 120 días mencionados para la contestación. El reclamo adquiere relevancia frente a lo establecido por la Ley provincial 10.311, que fija como objetivos prioritarios la erradicación de basurales a cielo abierto y la clasificación de residuos desde los hogares. La discusión, por lo tanto, excede el estado de un predio municipal: pone en cuestión la eficacia de la política de tratamiento de residuos y el control de una problemática que involucra la salud y el ambiente de toda la comunidad.