El Senado aprobó este jueves 24 de septiembre la reforma del Régimen de Zona Fría y modificó el esquema de subsidios al gas que estaba vigente desde la ampliación sancionada en 2021. La iniciativa obtuvo 38 votos afirmativos y 8 negativos y vuelve a concentrar el beneficio automático en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.

El cambio afecta especialmente a las localidades que habían sido incorporadas hace cinco años por la Ley 27.637. Según la Secretaría de Energía, alrededor de 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio, mientras que otros hogares podrán mantener una bonificación si cumplen los requisitos del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La modificación apunta así a reemplazar un criterio basado principalmente en la ubicación geográfica por otro que incorpora la situación socioeconómica del usuario. Entre las zonas alcanzadas por el recorte aparecen numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires, además de localidades de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy y La Rioja. En territorio bonaerense, entre otras, quedan alcanzadas General Pueyrredon, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría, Azul y Pergamino. Rosario también figura entre las ciudades que dejarán de contar con el descuento automático.

Otro cambio relevante es la forma en que se calcula la asistencia. El nuevo esquema limita la bonificación al precio del gas, en lugar de aplicarla sobre el total de la factura, por lo que componentes como el cargo fijo, transporte y distribución no quedan cubiertos de la misma manera. El Gobierno sostiene que la modificación busca ordenar el sistema y concentrar los recursos en los hogares que cumplen determinados criterios de vulnerabilidad. La reforma revierte así uno de los principales cambios introducidos en 2021, cuando el Congreso amplió el régimen a nuevas zonas y estableció su vigencia hasta 2031. Ahora, con la sanción del Senado, el mapa del subsidio vuelve a reducirse y millones de usuarios deberán afrontar un esquema diferente de asistencia. El próximo paso será la promulgación y reglamentación de la nueva norma, que terminará de definir su implementación.