El Gobierno argentino rechazó la guía “Doing business with the Falkland Islands”, publicada el 15 de septiembre por el Gobierno del Reino Unido para empresas y particulares que desarrollen actividades económicas, provean bienes o servicios o participen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El documento británico sostiene que Londres respalda la actividad económica legítima en el archipiélago, incluidos los hidrocarburos, y afirma que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación allí ni sobre compañías vinculadas con esas operaciones.

La Cancillería argentina calificó la publicación como una medida destinada a promover actividades comerciales e hidrocarburíferas que considera ilegítimas y reafirmó su reclamo de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. El Gobierno también vinculó la reacción con el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, desarrollado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Según informó la Cancillería, los embajadores del Reino Unido e Israel fueron convocados para recibir notas formales de protesta.

El nuevo cruce se produce después de que la administración de Javier Milei profundizara las acciones contra compañías que, según la posición argentina, realizan actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional. El 3 de septiembre, el Gobierno anunció un decreto reglamentario y un proyecto de ley vinculados con la explotación de recursos en la zona; posteriormente inició procedimientos sancionatorios contra 60 sujetos en aplicación de la Ley 26.659. El Decreto 868/2026 designó además al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de ese régimen.

La legislación argentina establece restricciones para personas y empresas que desarrollen, participen o presten servicios a actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin habilitación nacional. La Ley 26.659 prevé sanciones administrativas y, en determinados supuestos, consecuencias penales; el Decreto 868/2026 estableció un procedimiento específico para acelerar la tramitación de los sumarios. La Cancillería informó que ya envió cerca de 180 advertencias a personas y empresas ubicadas en 30 países, mantiene 60 procedimientos administrativos y realizó tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y sus directivos.

Mientras Argentina sostiene que las actividades vinculadas con los recursos naturales de las islas vulneran sus derechos soberanos, el Reino Unido afirma que las operaciones son legítimas y que las medidas argentinas carecen de jurisdicción sobre el archipiélago. La disputa vuelve así a combinar el reclamo histórico de soberanía con un conflicto concreto por la explotación de recursos naturales y las consecuencias que las medidas de ambos gobiernos pueden tener sobre empresas, proveedores e inversores vinculados con las islas.