El Gobierno de Javier Milei formalizó este martes una protesta ante la Embajada del Reino Unido por la decisión de las autoridades de las Islas Malvinas de extender por cinco años todas las licencias existentes para la producción de hidrocarburos offshore, con la posibilidad de sumar otros dos años. La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, también cuestionó la autorización para que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera una participación del 65% en el área PL001.

La respuesta argentina sostiene que la exploración y explotación unilateral de recursos en la plataforma continental es contraria al derecho internacional y a la posición argentina sobre la soberanía de las islas. El planteo se apoya, entre otros antecedentes, en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y llaman a ambos países a avanzar hacia una solución negociada.

El conflicto, además, ya tiene una dimensión jurídica interna. El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, reforzó los procedimientos administrativos vinculados con la Ley 26.659 y su modificatoria, que establecen condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La norma fijó mecanismos más rápidos para determinar eventuales responsabilidades por actividades que el Estado argentino considera ilegítimas.

Pero la decisión de las islas muestra que la presión argentina no produjo, hasta ahora, un retroceso en la política petrolera británica. El Gobierno de las Islas Malvinas anunció la extensión de las licencias con respaldo explícito del Reino Unido, mientras que Londres sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales. Días antes, el Gobierno británico había rechazado las acciones argentinas contra empresas y particulares vinculados con las actividades económicas en el archipiélago.

La disputa llega así a una nueva instancia: mientras la Argentina combina protesta diplomática, sanciones, procedimientos administrativos y acciones judiciales, el Reino Unido respalda la continuidad de las operaciones y las autoridades isleñas amplían el horizonte de las licencias.