Tras la reacción de los vecinos ante el Decreto 732/26, la Iglesia y el Municipio abrieron una instancia de diálogo. Desde la comunidad aseguran que la medida quedó sin efecto, aunque todavía no existe una comunicación oficial que formalice esa decisión.

La tensión por el Salón Comunitario “Medalla Milagrosa” parece haber encontrado una primera salida política. Luego de la movilización de vecinos del barrio Arenal contra el Decreto 732/26, el párroco de Nuestra Señora de Aránzazu y San Roque, padre Marcelo Carraza, acompañado por abogados de la parroquia y representantes de la comunidad benedictina, mantuvo una reunión con la intendenta Isa Castagnino, en la que se inició un proceso de diálogo sobre el futuro del espacio.

De acuerdo con lo comunicado por representantes de la comunidad, la reunión habría derivado en un principio de acuerdo para dejar sin efecto la medida que disponía la toma de posesión municipal y avanzar hacia pautas de trabajo conjunto. El objetivo planteado es arribar a un convenio que permita regularizar la situación dominial del salón, mientras la comunidad sacerdotal asumiría un mayor acompañamiento de quienes actualmente están al frente del espacio.

El giro resulta políticamente significativo porque la decisión inicial había generado una rápida reacción vecinal. El decreto cuestionado había dispuesto la intervención municipal sobre un lugar con décadas de utilización comunitaria, religiosa y social, al tiempo que ordenaba su desocupación y entrega de llaves. Sin embargo, hasta el momento no se conoció una comunicación oficial del Ejecutivo que confirme formalmente la derogación o anulación del Decreto 732/26, por lo que la situación debe ser considerada todavía como un acuerdo político en proceso.

El conflicto también dejó expuesta una discusión que excede la propiedad del terreno. Un informe de auditoría documentó que la construcción del salón fue ejecutada por el Municipio en 2012 y financiada parcialmente mediante el Fondo Federal Solidario, por lo que no resulta correcto afirmar sin matices que la construcción “no le pertenece” al Estado municipal. Al mismo tiempo, ese antecedente no resuelve por sí solo quién posee actualmente los derechos dominiales sobre el inmueble ni sobre los bienes incorporados por la comunidad a lo largo de los años.

Así, lo que comenzó con un decreto y una intimación de desocupación terminó obligando a abrir una mesa de diálogo que, según la comunidad, apunta ahora a un convenio entre la Iglesia y el Municipio. La pregunta política que queda planteada es por qué una situación que ahora se intenta resolver mediante diálogo tuvo que llegar primero a una medida administrativa, una reacción vecinal y una creciente tensión en el barrio Arenal.