El apagón que dejó a oscuras a buena parte del AMBA durante la noche del sábado 19 de septiembre tuvo su origen en una falla técnica en la subestación Malaver, ubicada en San Martín, dentro del área de concesión de Edenor. La empresa informó que el desperfecto se produjo en un interruptor de 220 kilovoltios y que continúa analizando las causas que llevaron a esa falla. En el momento de mayor impacto se registraron 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur sin suministro, casi 600.000 en total.

El episodio tuvo una dimensión que excedió a una falla localizada: afectó barrios de la Ciudad y localidades del conurbano, dejó edificios sin electricidad, calles sin alumbrado y semáforos fuera de servicio. Edesur, por su parte, sostuvo que la interrupción que alcanzó a sus clientes fue producto de una falla en el sistema ajena a la compañía. El servicio comenzó a recuperarse durante la noche y quedó normalizado antes de finalizar el domingo.

Ahora el foco pasa de las explicaciones técnicas a la responsabilidad regulatoria. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) informó que analizará las causas y determinará qué responsabilidad correspondió a cada distribuidora; recién después, y si corresponde, aplicará las sanciones previstas en el Reglamento de Suministro. Por lo tanto, no existe todavía una sanción confirmada por este apagón.

El contexto agrega una dimensión política. En septiembre el Gobierno aprobó nuevos cuadros tarifarios para Edenor y Edesur y estableció un aumento promedio de 1,75% en las facturas de electricidad, mientras el ENReGE mantiene vigentes mecanismos de sanción vinculados con la calidad del servicio. En las últimas semanas, además, el organismo ya aplicó multas a ambas distribuidoras por otros incumplimientos: una resolución de septiembre sancionó a Edenor con el equivalente a 210.000 kWh y otra a Edesur con 300.000 kWh.

El apagón coloca así al Gobierno ante una cuestión que excede la explicación de una falla puntual: quién debe asumir el costo cuando un servicio esencial se interrumpe a semejante escala. La administración de Javier Milei sostiene el proceso de normalización tarifaria, pero al mismo tiempo el regulador debe demostrar que el aumento de las tarifas está acompañado por controles efectivos sobre la calidad y continuidad del suministro. La investigación determinará si lo ocurrido fue un desperfecto aislado o si existen incumplimientos que ameriten sanciones.