El 11 de septiembre de 2001, 19 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y los utilizaron como armas. Dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, otro contra el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control. Los ataques provocaron la muerte de 2.977 personas en Nueva York, Washington y Shanksville y se convirtieron en el mayor ataque extranjero sufrido por Estados Unidos en su territorio.

Las consecuencias fueron mucho más allá de la destrucción de las Torres Gemelas. Estados Unidos lanzó la llamada “guerra contra el terrorismo”, inició la intervención militar en Afganistán en octubre de 2001 y posteriormente invadió Irak. En el plano interno, la aprobación de la Ley Patriota amplió las herramientas de inteligencia y vigilancia del Estado, mientras que se creó el Departamento de Seguridad Nacional. Las nuevas políticas también abrieron un debate que continúa hasta hoy sobre el equilibrio entre seguridad, vigilancia y libertades civiles.

La dimensión humana tampoco terminó con el derrumbe de los edificios. La limpieza de Ground Zero demandó nueve meses y permitió retirar unos 1,8 millones de toneladas de escombros. La exposición al polvo, humo y sustancias tóxicas dejó consecuencias sanitarias durante décadas: el programa federal de salud creado para sobrevivientes y trabajadores afectados atiende actualmente a casi 150.000 personas, mientras que el registro sanitario de Nueva York sigue monitoreando a unas 71.000. Más de 10.000 integrantes del FDNY tienen certificada una enfermedad física relacionada con el 11-S.

También continúa la búsqueda de los restos de las víctimas. En agosto de 2026, la Oficina del Médico Forense de Nueva York anunció la identificación de una mujer mediante genealogía genética forense, la primera realizada con esa técnica y la víctima número 1.654 identificada entre las 2.753 personas que murieron en Nueva York. Aun así, 1.099 víctimas permanecen sin identificar, mientras los especialistas continúan analizando restos recuperados durante las últimas décadas.

En el plano judicial, el caso tampoco está cerrado. Khalid Sheikh Mohammed, considerado el presunto cerebro de los atentados, permanece detenido en Guantánamo sin haber enfrentado todavía un juicio. Un tribunal militar fijó actualmente 2028 como fecha tentativa, aunque el proceso continúa condicionado por disputas legales relacionadas, entre otros puntos, con las torturas sufridas durante su detención bajo custodia de la CIA. Mientras tanto, 25 años después, una nueva generación creció sin haber vivido aquel día y recibe su legado a través de la memoria, los homenajes y las consecuencias políticas, sociales y sanitarias que todavía atraviesan al mundo.