La Justicia habría ampliado la imputación en la causa que involucra al exsecretario de Planeamiento Ebenezer García y ahora alcanza a otras personas vinculadas al expediente. La novedad vuelve a colocar bajo discusión política el manejo de las contrataciones durante los primeros meses de la gestión de Isa Castagnino.

La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de obras públicas durante la gestión de Isa Castagnino suma un nuevo capítulo. Según la información consignada sobre el expediente, luego del análisis de la prueba reunida, la Justicia amplió la imputación e incorporó a otras personas vinculadas con la maniobra investigada. La novedad adquiere especial relevancia porque también se señala la inclusión de las dos empresas relacionadas con la operatoria, aunque este último extremo no pudo ser corroborado mediante una resolución judicial publicada oficialmente.

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por concejales de la oposición y derivó, el 1° de marzo de 2025, en allanamientos en Victoria y Nogoyá. La investigación apuntó inicialmente a determinar si Ebenezer García, entonces secretario de Planeamiento, tenía vínculos con empresas que habían intervenido en contrataciones municipales. Entre los delitos bajo análisis fueron mencionados incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

El dato societario agrega peso al expediente. El Boletín Oficial entrerriano registra a García como socio de E&H SRL y documenta que en 2019 suscribió 18.000 nuevas cuotas sociales de la empresa. Una publicación societaria anterior también consigna su designación como gerente de la firma.  En paralelo, la investigación había puesto bajo la lupa la relación entre E&H SRL y Hormigonera Nogoyá SRL, empresa que, según los antecedentes publicados, había sido contratada para proveer hormigón al Municipio.

Políticamente, el caso volvió a golpear a la administración de Castagnino desde sus primeros meses. La intendenta aceptó la renuncia de García después de tomar conocimiento de los allanamientos y sostuvo que la decisión buscaba no entorpecer la investigación. Desde el oficialismo municipal se había defendido que los procedimientos administrativos se habían realizado conforme a derecho, mientras que desde la oposición se cuestionó la falta de respuestas a pedidos de informes y se sostuvo que esas dudas terminaron llevando el caso a la Justicia.

Ahora, con el avance de la investigación, la discusión deja de estar concentrada exclusivamente en la salida de un funcionario y vuelve a instalar una pregunta política de fondo: ¿hasta dónde llegaron las responsabilidades dentro de una estructura de contrataciones que la propia gestión había defendido como legal? La Justicia deberá determinar si existieron delitos y quiénes tuvieron responsabilidad; políticamente, el nuevo avance vuelve a poner bajo examen los controles que funcionaron —o no— dentro del Municipio.