Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó un escrito ante el juez federal Daniel Rafecas para explicar una de las principales inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales. Según su versión, en una presentación consignó por error una deuda de $130 millones cuando el monto correcto era de $13 millones. El legislador sostuvo que se trató de un error involuntario y negó que haya existido intención de ocultar información.

La diferencia había adquirido relevancia en la investigación porque en la declaración jurada figuraba una deuda inicial de $130 millones y otra de $60 millones al cierre del período. A partir de esos números, el fiscal Guillermo Marijuan había interpretado que Adorni había reducido su pasivo en unos $70 millones sin una explicación suficiente. El diputado ahora sostiene que esa reducción nunca existió porque la cifra inicial real era de $13 millones, dato que coincide con la declaración jurada correspondiente al comienzo del período.

La explicación se incorpora a una causa en la que Marijuan pidió en junio la declaración indagatoria de Adorni por presunta omisión maliciosa y falsedad en sus declaraciones juradas. Para la fiscalía, uno de los elementos relevantes es la cantidad de rectificaciones realizadas después de que comenzara la investigación. En ellas se incorporaron, entre otros datos, dinero en efectivo, cuentas bancarias, tarjetas, cambios en la valuación de bienes y una herencia de $21 millones.

El fiscal también cuestionó que Adorni pudiera atribuir las inconsistencias a un desconocimiento de los procedimientos. Según el dictamen de Marijuan, el legislador es contador y durante unos 20 años se desempeñó como perito contador del Consejo de la Magistratura bonaerense, con tareas vinculadas con registración y declaraciones juradas. Esa formación profesional es presentada por la fiscalía como un elemento para evaluar si las diferencias fueron efectivamente errores involuntarios.

En paralelo, Rafecas ya había ordenado nuevas medidas de prueba el 8 de julio para profundizar la investigación patrimonial. Entre ellas, solicitó al Banco Provincia información sobre los pagos vinculados con un crédito hipotecario, pidió a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada de Adorni y requirió al Registro de la Propiedad datos sobre inmuebles bajo análisis. Por ahora, la explicación sobre el supuesto cero de más deberá ser evaluada junto con el resto de la evidencia antes de que el juez decida sobre el pedido de indagatoria.