El SisVial recaudó $1,5 billones desde 2024, pero ejecutó apenas una cuarta parte en infraestructura. Más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos al cierre de mayo. Una denuncia penal y una admisión oficial pusieron el manejo de esos recursos bajo la lupa.

El Gobierno de Javier Milei quedó bajo presión por el manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial), un mecanismo fiduciario que recibe recursos provenientes de impuestos vinculados a los combustibles y tiene como finalidad financiar infraestructura vial. Una investigación periodística basada en documentación oficial determinó que entre 2024 y mayo de 2026 el sistema recaudó $1,503 billones, pero sólo destinó $394.406 millones a obras, equivalente al 26,2% del total.

El dato que encendió la polémica es que, al 31 de mayo, $1,001 billones permanecían colocados en inversiones financieras: $854.234 millones en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. A esa suma se agregaban otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente. En conjunto, más de $1,038 billones no habían llegado a obras viales.

La situación tomó mayor dimensión luego de que el vocero presidencial Adrián Ravier reconociera que una parte de los recursos recaudados queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal. La explicación oficial abrió un interrogante central: si esos fondos tienen una afectación específica, ¿hasta dónde puede el Estado destinarlos a otros fines? La normativa que regula el fideicomiso establece un destino específico para los recursos del sistema vial, aunque el esquema vigente contempla distintas asignaciones dentro del sistema de infraestructura y transporte.

El caso derivó además en una presentación judicial. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció a funcionarios del Ministerio de Economía, de Vialidad Nacional y del Banco Nación y pidió investigar una posible malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario y otras figuras. Hasta el momento, se trata de una denuncia que deberá ser analizada por la Justicia y no de delitos comprobados.

La controversia se desarrolla mientras persisten cuestionamientos por el estado de distintos corredores nacionales y por la baja ejecución de obras. De hecho, la Justicia ya ordenó al Estado avanzar con trabajos para recuperar la transitabilidad de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en Santa Fe. Así, el debate dejó de ser solamente contable: enfrenta el objetivo oficial de preservar el equilibrio fiscal con la obligación de administrar recursos afectados a infraestructura y garantizar el mantenimiento de las rutas.