Cuatro acusados confesaron haber desviado más de 100 millones de pesos del programa Jóvenes Emprendedores y acordaron una condena de prisión condicional. El caso adquiere una dimensión política aún más profunda al recordar que buena parte de las maniobras ocurrieron durante los años más críticos de la pandemia, cuando miles de entrerrianos luchaban por sobrevivir y el Estado enfrentaba enormes dificultades para responder a la emergencia.

La confesión de cuatro de los principales imputados en la causa "Jóvenes Emprendedores" volvió a colocar a la corrupción en el centro del debate político entrerriano. Pedro Gebhart, Cristian Klein, Claudio Rosas Vico y Alejandro Usatinsky admitieron ante la Justicia haber participado en el desvío de más de 100 millones de pesos destinados a un programa creado para financiar proyectos productivos de jóvenes. A cambio del reconocimiento de los hechos, acordaron una pena de tres años de prisión condicional, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la devolución del dinero comprometido. El acuerdo quedó sujeto a la homologación del juez Mauricio Mayer.

Pero hay un aspecto de la causa que provoca una indignación aún mayor y que trasciende el expediente judicial.

Gran parte de las maniobras investigadas ocurrieron durante 2020 y 2021, en los meses más dramáticos de la pandemia de COVID-19. Mientras miles de familias permanecían encerradas sin poder trabajar, los hospitales enfrentaban enormes dificultades para atender la demanda y numerosos trabajadores del Estado intentaban sostener la asistencia social con recursos escasos, la organización que hoy admitió el fraude aprovechaba esa misma estructura estatal para desviar millones de pesos.

Según la investigación encabezada por el fiscal Gonzalo Badano, la organización captaba estudiantes, desempleados y personas en situación de vulnerabilidad, utilizaba sus datos personales para confeccionar expedientes con proyectos inexistentes, falsificaba documentación y luego retiraba los fondos para quedarse con la mayor parte del dinero. El perjuicio reconocido supera los 100 millones de pesos.

La causa también deja abierto un fuerte interrogante político. Las maniobras se desarrollaron entre 2018 y 2022, período en el que el programa dependía de distintas áreas del gobierno provincial. Hasta el momento la investigación no atribuyó responsabilidades penales a las máximas autoridades políticas de entonces, aunque el caso volvió a instalar el debate sobre los controles internos, la responsabilidad de los funcionarios y el manejo de los recursos públicos.

Porque el dinero que fue desviado no pertenecía a ningún funcionario. Era dinero de todos los entrerrianos. Recursos que, en plena emergencia sanitaria, podrían haber fortalecido programas sociales, acompañado a emprendedores genuinos o contribuido a aliviar una de las etapas más difíciles que atravesó la provincia.