Con un pedido formal de informes y la reactivación del proyecto para concursar el cargo de Juez de Faltas, concejales opositores elevaron la presión política sobre el Ejecutivo municipal. Reclaman conocer qué medidas adoptó la Municipalidad, si intervino el Área de la Mujer y cómo actuará el Estado ante situaciones que involucren a funcionarios públicos.

La sesión del Concejo Deliberante de Victoria dejó mucho más que declaraciones de interés. El caso que involucra al juez de Faltas interino Alfonso Azpeitía ingresó de lleno en la agenda política y colocó a la gestión de la intendenta Isa Castagnino frente a uno de los mayores desafíos institucionales desde el inicio de su mandato.

La concejal Betina Zabala anunció la presentación de un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo con el objetivo de conocer oficialmente qué actuaciones realizó el Municipio luego de trascender la situación que involucra al funcionario.

Durante su intervención, la edil dejó en claro que el Concejo no pretende reemplazar a la Justicia ni emitir un juicio sobre la responsabilidad del juez interino. Sin embargo, sostuvo que la transparencia institucional exige respuestas oficiales y no simples trascendidos.

El pedido de informes solicita conocer si el Ejecutivo tomó conocimiento formal de la situación, qué medidas administrativas adoptó, bajo qué marco normativo se otorgó la licencia al funcionario, quién garantiza actualmente el funcionamiento del Juzgado de Faltas y si intervino el Área de la Mujer y Diversidad, además de requerir información sobre la existencia o elaboración de un protocolo específico para casos que involucren a funcionarios municipales.

Pero el planteo político no terminó allí.

Zabala confirmó además que volverán a impulsar el proyecto de ordenanza para convocar a un concurso público y abierto que permita designar definitivamente al titular del Juzgado de Faltas, iniciativa que había perdido estado parlamentario y que ahora buscará volver al debate legislativo. El proyecto propone un procedimiento basado en antecedentes, examen de oposición, entrevista personal y conformación de un orden de mérito para garantizar la idoneidad y la transparencia en la designación.

La discusión excede el caso puntual. En una ciudad que mantiene vigente la Emergencia en Violencia de Género, la oposición sostiene que el Estado municipal debe contar con reglas claras para actuar cuando un funcionario resulta involucrado en una situación de estas características.

El debate recién comienza y ahora la expectativa política está puesta en la respuesta que brinde el Departamento Ejecutivo. La documentación que remita el Municipio y las decisiones que adopte la gestión de Isa Castagnino marcarán el rumbo de una controversia que ya dejó de ser exclusivamente judicial para convertirse en un tema de fuerte impacto institucional y político.