La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner avanzará con un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad, mediante una presentación ante el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional.

Como parte de esta nueva estrategia judicial, la ex mandataria incorporó a su equipo de defensa al jurista brasileño Rafael Valim, reconocido por haber integrado la defensa del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la causa Lava Jato, y al ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego.

La iniciativa fue acompañada por la publicación de una columna de opinión difundida este miércoles en distintos medios internacionales, entre ellos El País de España, donde Fernández de Kirchner cuestionó el accionar del Poder Judicial argentino y sostuvo que su condena responde a un proceso de persecución política.

"Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido", expresó la ex vicepresidenta al comienzo de su artículo.

Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa de la obra pública en Santa Cruz, afirmó que el proceso judicial tuvo como finalidad impedir su participación política.

En ese sentido, sostuvo que la utilización del sistema judicial para excluir a dirigentes elegidos democráticamente constituye "una de las formas más sofisticadas de erosión democrática" y advirtió que este fenómeno puede desarrollarse sin afectar formalmente el funcionamiento de las instituciones.

En paralelo, sus abogados presentaron una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la que argumentan que durante el proceso judicial no se respetaron garantías previstas en tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

La ex mandataria aclaró que la presentación internacional no responde únicamente a un desacuerdo con las decisiones de la Justicia argentina, sino que busca que organismos internacionales analicen si durante el proceso se vulneraron derechos protegidos por el derecho internacional.

"No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento", afirmó.

Asimismo, Fernández de Kirchner sostuvo que el proceso estuvo "marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal" y denunció un clima de hostilidad que, según expresó, también reflejó prácticas de "machismo estructural" dentro de algunos sectores del sistema judicial.

Finalmente, la ex presidenta consideró que el caso trasciende su situación personal y sostuvo que la condena afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes, al entender que se busca excluir de la vida política a una dirigente respaldada por millones de votantes.