La concejal Betina Zabala calificó de "indignante" la respuesta del Ejecutivo municipal al pedido de informes sobre la contratación de la asesora de Salud Mental Comunitaria, Alicia Alzugaray. Denunció falta de transparencia, ausencia de datos concretos sobre las tareas realizadas y cuestionó el destino de los fondos públicos destinados al área.

La respuesta del Departamento Ejecutivo al pedido de informes sobre la contratación de la asesora de Salud Mental Comunitaria, Alicia Alzugaray, lejos de cerrar la polémica, abrió un nuevo frente de conflicto político en el Concejo Deliberante de Victoria.

Durante la sesión de este jueves, la concejal Betina Zabala cuestionó con dureza el contenido del informe remitido por el Ejecutivo y sostuvo que el documento "está lleno de palabras, pero vacío de respuestas".

"La salud mental es un tema demasiado serio para responder con generalidades. Los vecinos tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos públicos y cuáles son los resultados obtenidos", afirmó.

La edil aseguró que el informe evita responder aspectos centrales del pedido realizado por la oposición. Entre ellos, señaló que no se precisó el título profesional de la asesora, la modalidad de contratación, la carga horaria efectiva, el lugar donde desarrolla sus funciones ni los resultados concretos alcanzados desde su incorporación al Municipio en febrero.

Uno de los puntos más fuertes de la exposición estuvo vinculado al aspecto económico.

Según detalló Zabala, registros de la Tesorería Municipal indican que la profesional percibió aproximadamente $1.430.000 en marzo, $1.640.000 en abril y $1.700.000 en mayo, sumando cerca de $4.800.000 en apenas tres meses, montos imputados a la partida presupuestaria de Médicos, Sanitarios y Geriátricos.

"El Ejecutivo respondió que no había información presupuestaria para brindar, pero la propia Tesorería tenía perfectamente registrados esos pagos. Entonces sólo hay dos posibilidades: no buscaron la información o decidieron ocultarla", lanzó.

La concejal también cuestionó que el Municipio reconociera que el área específica de Salud Mental no figura formalmente en el organigrama municipal, no posee estructura propia ni personal exclusivo, mientras la atención psicológica continúa siendo realizada por profesionales que ya prestaban servicios en los CAPS y en el Hospital Fermín Salaberry.

Otro de los ejes de la crítica apuntó a la falta de indicadores de gestión.

Según remarcó Zabala, el Ejecutivo no pudo informar cuántos vecinos fueron alcanzados por las acciones desarrolladas desde febrero, argumentando que las tareas corresponden a promoción y prevención.

"Si se realiza un taller, puede decirse cuántas personas participaron. Si hubo capacitaciones, también. No se puede hablar de políticas públicas sin un solo dato que permita medir resultados", expresó.

Asimismo, cuestionó que como fundamento técnico de la contratación sólo se haya incorporado el currículum de la profesional, sin informes de necesidad, diagnósticos, evaluaciones previas ni procesos de selección que justificaran la designación.

Para la concejal, las respuestas recibidas "no sólo son insuficientes, sino que representan una falta de respeto al Concejo Deliberante y, fundamentalmente, a los vecinos que financian el funcionamiento del Estado".

El debate vuelve a instalar el foco sobre la necesidad de mayor transparencia en la administración municipal y sobre la obligación de que toda política pública —especialmente en un área tan sensible como la salud mental— pueda demostrar con claridad cómo se invierten los recursos y cuáles son los resultados obtenidos. Un desafío que hoy también forma parte de las recomendaciones impulsadas por la Provincia y organismos internacionales para fortalecer las políticas de salud mental con indicadores y evaluación permanente.