La medida fue impulsada tras el reclamo de comerciantes históricos de la ciudad que advierten sobre el riesgo para el empleo y la economía local. El debate de fondo recién comienza y promete convertirse en uno de los temas políticos más sensibles del año.

En una decisión con fuerte impacto político y económico, el Concejo Deliberante de Victoria aprobó por mayoría la suspensión durante cien días de las habilitaciones comerciales para nuevos establecimientos de gran superficie encuadrados bajo las modalidades de polirrubro o bazar.

La iniciativa, impulsada por la concejal Betina Zabala, surge como respuesta a un reclamo que desde hace semanas vienen sosteniendo comerciantes tradicionales de la ciudad, preocupados por el avance de grandes superficies comerciales y las consecuencias que podrían tener sobre negocios familiares que llevan décadas sosteniendo empleo y movimiento económico en Victoria.

La ordenanza establece una pausa temporal para la apertura de nuevos locales de más de 200 metros cuadrados mientras se trabaja en una normativa definitiva que regule la actividad. Detrás de la discusión técnica aparece una realidad mucho más profunda: el temor de cientos de familias que viven del comercio local y que hoy enfrentan un escenario económico cada vez más complejo.

Los comerciantes que expusieron su situación ante el Concejo argumentaron que sostienen puestos de trabajo con enorme esfuerzo, afrontan elevadas cargas tributarias y compiten en condiciones que consideran desiguales frente a grandes cadenas y capitales externos. Muchos de ellos remarcaron que cada peso que generan vuelve a circular dentro de la ciudad, alimentando una red económica que involucra proveedores, albañiles, transportistas y otros comercios locales.

En ese contexto, la aprobación de la ordenanza fue interpretada por numerosos comerciantes como una señal política de respaldo. "Ahora tenemos que seguir trabajando por el comercio local", expresó Zabala a través de sus redes sociales luego de la votación.

Sin embargo, la medida también abre un debate que trasciende la coyuntura. Mientras algunos sostienen que es necesario proteger a quienes invierten y generan empleo en Victoria, otros plantean la necesidad de garantizar la libre competencia y ampliar las opciones para los consumidores.

Durante los próximos cien días, el desafío será encontrar un equilibrio entre ambas posiciones. Lo que quedó claro en la última sesión es que el reclamo de los comerciantes logró instalarse en el centro de la agenda política local y que el futuro del comercio victoriense será una de las discusiones más trascendentes de los próximos meses.