La oposición presentó dos pedidos de informes que apuntan directamente al funcionamiento del Ejecutivo municipal. Reclaman precisiones sobre una supuesta designación “ad honorem” de Graciela Bar y cuestionan el rol de Alicia Alzugaray como asesora en Salud Mental Comunitaria.

El clima político volvió a tensarse en el Concejo Deliberante de Victoria tras la presentación de dos pedidos de informes impulsados por concejales de la oposición que ponen bajo la lupa decisiones del Departamento Ejecutivo Municipal.

Uno de los planteos apunta directamente a la ex senadora y ex concejal Graciela Bar, luego de que trascendiera públicamente la supuesta existencia de un decreto de designación ad honorem dentro de la estructura municipal.

El pedido exige conocer cuáles serían las funciones, tareas y competencias asignadas, en qué dependencia trabajaría, de quién dependería políticamente y si tendría acceso a expedientes vinculados a terrenos municipales, arrendamientos o decisiones administrativas sensibles.

La oposición también reclama saber si Bar dispone de oficinas, documentación oficial, recursos municipales o algún tipo de representación institucional dentro de la Municipalidad, planteando interrogantes sobre el alcance real de su eventual participación en el Ejecutivo.

El segundo pedido de informes apunta a la licenciada Alicia Alzugaray, contratada mediante el decreto 134/25 como asesora en el área de Salud Mental Comunitaria, con haberes equivalentes a 2,5 básicos de la Categoría 1 del escalafón municipal, cifra que rondaría actualmente el millón y medio de pesos.

Los concejales opositores cuestionan no solo el costo de la contratación sino también el funcionamiento concreto del área. Solicitan precisiones sobre programas vigentes, cantidad de profesionales afectados, modalidad de atención y cantidad de vecinos asistidos desde febrero, además de preguntar cuáles fueron los fundamentos técnicos y políticos para incorporar a Alzugaray en una función vinculada a salud mental cuando su formación corresponde al área de Servicio Social.

Las iniciativas exponen un nuevo foco de conflicto político entre el oficialismo y la oposición, en medio de crecientes cuestionamientos sobre designaciones, manejo administrativo y utilización de recursos públicos dentro de la gestión municipal.