La concejal Ailén Guerra cuestionó decretos del Ejecutivo vinculados a la asignación de tierras municipales y denunció posibles privilegios dentro de la actual gestión. Desde el bloque impulsan una resolución para frenar procedimientos que consideran irregulares y exigen mayor transparencia en el acceso a los lotes.

La discusión por el manejo de los terrenos municipales volvió a encenderse en el Concejo Deliberante de Victoria luego de las declaraciones de la concejal Ailén Guerra, quien advirtió sobre “contradicciones” entre el discurso de transparencia de la actual gestión y los mecanismos utilizados para avanzar en expedientes vinculados a tierras públicas.

La edil remarcó que la Ordenanza 4.260 había sido impulsada para “ordenar” el sistema de arrendamiento y adjudicación de terrenos municipales, luego de las irregularidades detectadas en administraciones anteriores. Sin embargo, aseguró que desde la Comisión de Obras observaron decretos del Departamento Ejecutivo que “se adelantan” a las facultades exclusivas del Concejo Deliberante.

“Las tierras municipales son patrimonio de todos los vecinos y no puede haber decisiones unilaterales. Si antes estaba mal, ahora también está mal”, sostuvo Guerra en diálogo con Vértice Noticias. En ese sentido, cuestionó que se hayan generado mecanismos administrativos por fuera de lo establecido en la normativa vigente, como decretos, actas compromiso o preadjudicaciones antes de la aprobación legislativa correspondiente.

La concejal también puso el foco en la fuerte demanda habitacional que atraviesa la ciudad. Recordó que más de 400 familias se inscribieron en el último registro para acceder a terrenos y consideró que ese dato “debe ser el centro de las decisiones políticas”. Según afirmó, “el acceso a la tierra no puede transformarse en un privilegio para unos pocos mientras cientos de vecinos esperan una oportunidad”.

Pero la declaración más fuerte llegó al final de la entrevista, cuando reveló que actualmente existe en tratamiento un expediente relacionado con una funcionaria municipal. “Hoy en Comisión de Obras hay un expediente de una funcionaria pública y creo que eso no es ético ni moral. No venimos al Estado para obtener beneficios propios”, expresó la edil, dejando planteado un fuerte interrogante político dentro de la administración municipal.

A partir de esta situación, Guerra y la concejal Luciana Zorzábal impulsaron un proyecto de resolución que busca exigir la revocación de decretos administrativos vinculados a terrenos municipales emitidos sin autorización previa del Concejo Deliberante. Además, el proyecto plantea que la única herramienta válida para acreditar derechos sobre lotes municipales sea una ordenanza aprobada por el cuerpo legislativo y promulgada posteriormente por el Ejecutivo.

Desde la oposición sostienen que el debate excede un expediente puntual y apunta a una cuestión de fondo: quién controla el patrimonio público municipal y bajo qué criterios se distribuye. “Si criticamos prácticas anteriores, no podemos repetirlas. El Estado tiene que garantizar igualdad, transparencia y reglas claras para todos”, concluyó Guerra.